Los RTE en Ecuador y la Decisión 827 de la CAN: regular con infraestructura o regular sin capacidad

 

Los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos (RTE) no existen en el vacío. Ecuador, como País Miembro de la Comunidad Andina (CAN), está obligado a elaborar, adoptar y aplicar su reglamentación técnica conforme a los lineamientos comunitarios, particularmente los establecidos en la Decisión 827.

Esta decisión no es un documento declarativo. Es una regla vinculante que busca evitar la proliferación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio y asegurar que la regulación técnica cumpla objetivos legítimos: protección de la vida y la salud, seguridad, medio ambiente e información al consumidor, sin caer en proteccionismos encubiertos.

Sin embargo, la práctica regulatoria en Ecuador muestra que este marco no siempre se aplica de manera integral.

La Decisión 827 en síntesis

La Decisión 827 establece que los reglamentos técnicos deben:

• Basarse prioritariamente en normas internacionales o regionales.

• Evitar requisitos innecesarios que limiten el comercio.

• Estar acompañados de procedimientos de evaluación de la conformidad viables y proporcionales.

• Garantizar transparencia, coherencia regulatoria y previsibilidad.

El mensaje es claro: regular sin capacidad técnica no es buena regulación.

El Artículo 9: una condición previa, no una formalidad

El Artículo 9 de la Decisión 827 establece una obligación concreta: Para exigir el cumplimiento de un reglamento técnico, el País Miembro deberá contar en su territorio con organismos de evaluación de la conformidad acreditados o designados, o con los mecanismos necesarios que permitan verificar su cumplimiento.

Este artículo introduce una lógica fundamental que suele ignorarse: la infraestructura técnica no es opcional ni posterior a la regulación.

En la práctica, varios RTE en Ecuador se emiten y entran en vigencia sin que exista infraestructura suficiente (laboratorios, organismos de certificación o inspección con alcance adecuado). Esto genera soluciones transitorias indefinidas, discrecionalidad en el control y debilitamiento de la seguridad jurídica.

Qué falta cuando la infraestructura no existe

Aquí está el punto crítico: si no existe infraestructura de la calidad, esta debe desarrollarse. Pero no para reforzar el control interno, sino para permitir que los productos ecuatorianos accedan a mercados internacionales. La Infraestructura de la Calidad no se creó para cerrar fronteras, sino para abrirlas. Cuando la lógica se invierte, infraestructura para controlar en lugar de infraestructura para habilitar, ocurren varios errores:

• Se crean laboratorios solo para “cumplir el RTE”, no para servir a la industria exportadora.

• Se diseñan esquemas de evaluación de la conformidad orientados al mercado interno, sin reconocimiento internacional.

• Se desperdicia la oportunidad de usar la acreditación como pasaporte técnico al comercio global.

Desarrollar infraestructura significa invertir en:

• laboratorios acreditados con alcance internacional,

• organismos de certificación competentes y reconocidos,

• metrología trazable,

• y capital humano técnico especializado.

No se trata de controlar más, sino de preparar a los productos para competir.

Protección sectorial vs. objetivos legítimos

En muchos sectores persiste la expectativa de que la regulación sirva como escudo protector. Pero la Decisión 827 es clara: los reglamentos técnicos existen para cumplir objetivos legítimos, no para proteger mercados. Cuando los sectores se acostumbran a pedir regulación en lugar de demostrar conformidad, el sistema se distorsiona.

La regulación deja de ser un instrumento de calidad y se convierte en una barrera administrativa.

Los países que han entendido esto desarrollan infraestructura antes de exigir, y la diseñan pensando en el mercado global, no solo en el control local.

Conclusión: primero infraestructura, luego regulación

Cumplir la Decisión 827 de la CAN no es una obligación burocrática, es una decisión estratégica. 

Si Ecuador quiere que sus productos lleguen al mundo, debe:

• diseñar RTE alineados con normas internacionales,

• desarrollar infraestructura de la calidad con visión exportadora,

• separar claramente control de desarrollo,

• y abandonar la lógica de protección sectorial como política regulatoria.

Regular sin infraestructura es regular sin capacidad. Desarrollar infraestructura solo para controlar es perder una oportunidad histórica.

La Infraestructura de la Calidad debe ser una plataforma para competir, no una herramienta para cerrar mercados.

César Díaz Guevara

Consultor en Calidad, Estrategia e Innovación

Regular mejor no es regular más: el RTE INEN 021, la mejora regulatoria y la coherencia institucional pendiente en Ecuador

 

En América Latina persiste una confusión estructural en materia regulatoria: asumir que crear requisitos técnicos nacionales equivale a proteger mejor a los ciudadanos y a la industria. La experiencia internacional demuestra lo contrario.

Los países que hoy son competitivos no lo son por multiplicar regulaciones locales, sino por alinear sus marcos regulatorios con normas y buenas prácticas internacionales, fortaleciendo la confianza, la interoperabilidad y el acceso a mercados.

La regulación técnica moderna no se construye desde el aislamiento. Se construye sobre estándares internacionales consensuados, desarrollados por organismos como ISO e IEC, que recogen décadas de experiencia técnica, gestión de riesgos y aprendizaje colectivo. Estos estándares no eliminan la soberanía regulatoria; la hacen más inteligente y eficaz.

Ecuador no ha sido ajeno a esta discusión. Durante los últimos años se iniciaron esfuerzos concretos de mejora regulatoria desde la Infraestructura de la Calidad, entendiendo que regular bien no significa crear requisitos propios, sino construir confianza mediante normas, evaluación de la conformidad y reconocimiento mutuo. Sin embargo, el proceso aún no está completo. El sector de productos eléctricos, y en particular el RTE INEN 021, permite ilustrar con claridad tanto los avances logrados como las brechas que todavía persisten.

RTE INEN 021: una regulación necesaria, un enfoque que debía evolucionar

El Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 021, aplicable a conductores y cables aislados para uso eléctrico, regula un sector crítico para la seguridad de las personas, la protección de bienes y la confiabilidad de las instalaciones eléctricas. A nivel internacional, este tipo de productos está ampliamente cubierto por normas IEC, que definen requisitos de desempeño, métodos de ensayo y criterios de seguridad armonizados, y que además se integran en esquemas internacionales de evaluación de la conformidad.

Históricamente, el RTE INEN 021 fue concebido desde una lógica principalmente nacional, con requisitos propios y una articulación limitada con el sistema internacional de normalización, ensayos y certificación. Ese enfoque generó problemas conocidos: duplicación de ensayos, incremento de costos, dificultades para reconocer resultados internacionales y barreras técnicas que no necesariamente se traducían en mayores niveles de seguridad.

Reconociendo estas limitaciones, se impulsó un proceso de revisión profunda del reglamento, enmarcado en una visión más amplia de mejora regulatoria.

PRTE INEN 021 (4R): avances concretos, desafíos persistentes

El Proyecto de Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 021 (4R) representa un avance significativo frente a versiones anteriores. El proyecto incorpora de manera explícita normas IEC actualizadas como base técnica, reconoce laboratorios acreditados conforme a ISO/IEC 17025 y organismos de certificación acreditados bajo ISO/IEC 17065, y hace referencia a los acuerdos internacionales de acreditación (ILAC MRA e IAF MLA). Asimismo, estructura esquemas de evaluación de la conformidad alineados con ISO/IEC 17067.

Estos cambios reflejan una comprensión más madura del sistema internacional de calidad y demuestran que la mejora regulatoria es posible cuando se basa en criterios técnicos y no en proteccionismo. Sin embargo, el proyecto aún conserva elementos que limitan su plena alineación internacional.

En particular, persiste una lógica de validación nacional adicional de normas, certificados o informes que ya han sido emitidos por organismos acreditados internacionalmente. Desde la perspectiva de las buenas prácticas regulatorias, este enfoque debilita el principio de reconocimiento mutuo, introduce discrecionalidad y genera incertidumbre para los operadores económicos.

El desafío ya no es técnico; es institucional y cultural: confiar plenamente en el sistema internacional del que Ecuador forma parte.

La pieza que falta: entes de control, coherencia y capacidad técnica

La mejora regulatoria no termina en la redacción de un buen reglamento técnico. Para que un RTE o un PRTE funcione en la práctica, es indispensable incorporar de manera temprana y estructurada a los entes de control responsables de su aplicación en el mercado.

Cuando los organismos de vigilancia y control no participan activamente en el proceso regulatorio, se generan interpretaciones dispares, criterios contradictorios y aplicaciones desiguales del mismo reglamento. El resultado es predecible: inseguridad jurídica, discrecionalidad y pérdida de confianza del sector productivo y de los consumidores.

La coherencia regulatoria exige que la política pública, la norma técnica y el control en el mercado respondan a una misma lógica. No es sostenible promover alineación con normas internacionales desde la autoridad normativa, mientras que, en la práctica, los entes de control aplican criterios distintos o desconocen los fundamentos técnicos del reglamento.

Este problema está directamente vinculado con otro aspecto crítico: la capacidad técnica del personal que ocupa posiciones clave. La regulación técnica, la evaluación de la conformidad y la vigilancia de mercado no pueden gestionarse como funciones administrativas genéricas. Requieren conocimiento profundo de normas internacionales, esquemas de acreditación, evaluación de riesgos y principios de reconocimiento mutuo.

Mantener personal competente, estable y técnicamente calificado en los entes normativos y de control no es un lujo institucional; es una condición mínima para garantizar la coherencia de la política pública y la credibilidad del sistema. Sin ese capital humano, incluso los mejores reglamentos terminan aplicándose mal.

El siguiente paso lógico: transparencia y notificación internacional

Para consolidar la mejora regulatoria, el PRTE INEN 021 debe avanzar hacia un proceso de notificación internacional, conforme a los compromisos asumidos por Ecuador en el marco del Acuerdo OTC de la OMC. La notificación no es un trámite formal, sino un mecanismo de transparencia, diálogo técnico y validación externa.

Someter el reglamento al escrutinio internacional permitiría identificar incoherencias, fortalecer su legitimidad, reducir riesgos de barreras técnicas al comercio y enviar una señal clara de apertura y seriedad regulatoria.

Conclusión: regular bien exige coherencia institucional

El caso del RTE INEN 021 y su PRTE INEN 021 (4R) demuestra que Ecuador ha avanzado en la mejora regulatoria, pero también que el proceso aún está incompleto. Alinear normas técnicas con estándares internacionales es un paso necesario, pero no suficiente.

La mejora regulatoria real requiere:

·       normas bien diseñadas,

·       esquemas claros de evaluación de la conformidad,

·       entes de control involucrados y alineados,

·       y personal técnico competente y estable en posiciones clave, capaz de aplicar la regulación con criterio y consistencia.

Regular mejor no es regular más. Es regular con coherencia, con visión sistémica y con instituciones técnicas fuertes.

El trabajo iniciado desde la Infraestructura de la Calidad debe continuar, integrando a todos los actores del sistema y asegurando que la política pública se sostenga en conocimiento técnico, no en improvisación.

Ese es el verdadero siguiente paso.

César Díaz Guevara
Consultor en Calidad, Estrategia e Innovación
Ex Director del INEN – Servicio Ecuatoriano de Normalización

Metrología Legal en Ecuador: cuando medir bien se convierte en política pública

 

La metrología legal suele considerarse un tema puramente técnico. Sin embargo, medir bien es una decisión política y un acto de justicia económica. En un país donde los precios, las transacciones, las sanciones, la seguridad vial y hasta la calidad de los alimentos dependen de instrumentos de medición, la falta de control metrológico afecta directamente la confianza ciudadana y la competitividad.

Un país que no controla cómo mide, no controla cómo decide

Ecuador mantiene una brecha estructural: no cuenta con un sistema integral de metrología legal, pese a que esta es la base de un comercio justo y una adecuada protección al consumidor.

Actualmente, el único reglamento técnico de metrología legal vigente y en revisión dentro del esquema de mejora regulatoria es el RTE 284 de Contenido Neto. Aunque su actualización es positiva, no todas las partes interesadas han participado, lo que limita la calidad del proceso. Aun así, representa un inicio necesario.

El INEN solicitó que el tema de metrología legal se incluya formalmente en la agenda del Comité Interministerial de la Calidad (CIMC), como una política prioritaria. Sin embargo, hasta la fecha ese tratamiento no se ha dado, dejando pendiente una decisión estatal que es fundamental para avanzar.

Tres sectores donde la metrología legal requiere acción inmediata

1. Balanzas comerciales e industriales (mercados, agroindustria, granos)

En Ecuador, miles de transacciones diarias se realizan con balanzas sin verificación, sin trazabilidad y, en muchos casos, manipuladas o obsoletas. Los más afectados: productores, agricultores, comerciantes minoristas y consumidores.

Soluciones necesarias:

·       Programa nacional obligatorio de verificación de balanzas.

·       Supervisión directa del INM.

·       Renovación progresiva de equipos en mercados y centros de acopio.

2. Medidores de humedad en granos

La humedad define el precio y la calidad. Sin regulación:

·       Las empresas usan equipos sin trazabilidad común.

·       Las diferencias entre medidores pueden alterar significativamente los pagos.

·       Se generan conflictos y pérdidas económicas evitables.

Política pública indispensable:

Un Reglamento Técnico de Metrología Legal para Medidores de Humedad, con patrones nacionales y verificaciones obligatorias.

3. Radares de velocidad

La seguridad vial depende de mediciones confiables. Un radar mal calibrado o ajustado sin control estatal destruye la legitimidad del sistema.

Acciones urgentes:

·       Verificación obligatoria por parte del INM conforme a recomendaciones OIML.

·       Prohibición de ajustes no supervisados.

·       Publicación de la trazabilidad para asegurar transparencia.

Cuando un instrumento sanciona sin certeza, la justicia técnica se convierte en injusticia ciudadana.

La ética de la medición: el componente invisible

Medir no es solo un acto técnico: es un acto ético. Emitir verificaciones sin trazabilidad, confundir calibración con ajuste o certificar equipos sin competencia adecuada crea verdades aparentes que distorsionan mercados y erosionan la confianza pública.

Un país que no protege la integridad de sus mediciones abre la puerta al abuso, la inequidad y la desconfianza sistémica.

Apoyo internacional: útil, valioso, pero no suficiente

Ecuador ha recibido cooperación importante:

·       Capacitación, apoyo técnico y acompañamiento de PTB (Alemania).

·       Donaciones y fortalecimiento de laboratorios a través de KOICA/Corea, incluyendo equipos para balanzas camioneras, medidores de humedad y análisis de metales pesados, además de un patrón de presión barométrica cuya entrega quedó en suspenso por falta de adecuación del laboratorio nacional.

Estos esfuerzos son relevantes, pero comparten una limitación estructural. El Ecuador deberá financiar el mantenimiento, operación y sostenibilidad de todos estos equipos y capacidades.

La cooperación impulsa, pero solo la voluntad política consolida un sistema.

El rol del INM: fortalecer la capacidad técnica del Estado

El Instituto Nacional de Metrología (INM), actualmente dentro del INEN, debe ser el eje normativo, operativo y técnico del sistema de metrología legal. Para lograrlo se requiere:

·       Financiamiento estable y suficiente.

·       Autonomía técnica e independencia operativa.

·       Laboratorios adecuados y personal competente.

·       Capacidad territorial para verificaciones periódicas.

Un INM debilitado significa un país que mide mal. Y un país que mide mal no puede competir ni proteger a sus ciudadanos.

Hacia un verdadero Sistema Nacional de Metrología Legal

Ecuador necesita tomar una decisión de Estado y construir un sistema moderno y confiable. Esto incluye:

1.     Una normativa base que otorgue al INM la competencia explícita sobre metrología legal.

2.     Una familia de reglamentos técnicos, más allá del único RTE 284.

3.     Verificación periódica obligatoria supervisada por el Estado.

4.     Trazabilidad digital accesible para productores, consumidores y ciudadanos.

5.     Participación efectiva de todas las partes interesadas.

6.     Un programa nacional de vigilancia con enfoque ético.

7.     Voluntad política, sin la cual los avances técnicos no se consolidarán.

Conclusión: medir bien es gobernar bien

Ecuador cuenta con cooperación internacional, capacidades técnicas y una necesidad evidente.
Lo que falta es una decisión firme del Estado para priorizar la metrología legal como política pública estratégica.

Medir bien no es un detalle técnico: es la base de la justicia económica, de la confianza pública y de la competitividad del país.
Un Estado que no controla sus mediciones, no controla su desarrollo.

Medir bien es gobernar bien. Y es hora de asumirlo con la responsabilidad que el país merece.

César Díaz